Con ocasión de realizar la XIX feria nacional de semillas criollas y nativas, el MOVIAC declara la necesidad imperativa de transitar hacia la soberanía alimentaria, al acceso universal de alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos agroecológicamente a través de métodos socialmente justos y ecológicamente sustentables.
De acuerdo con el informe SOFI 2025 de las Naciones Unidas en El
Salvador existen 2.9 millones de personas con inseguridad alimentaria, con
dificultades para cubrir la canasta alimentaria básica (22 productos) y considerada
una de las de mayor costo en Centroamérica, si la comparamos con Panamá, su
canasta alimentaria posee más de 70 productos; está situación afecta a las
familias empobrecidas, quienes tienen que hacer concesiones más drásticas en
relación a la calidad, cantidad o frecuencia de los alimentos que consumen.
Este problema se origina ante la falta de implementación de políticas
públicas y el abandono del sector rural, sin incentivos para la producción
campesina familiar, y por otro lado se fomenta un modelo productivo basado en
la siembra de monocultivos como la caña de azúcar, que demanda una alta
cantidad de agrotóxicos, semillas importadas, fertilizantes sintéticos de alto
valor económico, que han ocasionado a largo plazo una mayor vulneración en la
producción agrícola de nuestro país. Al grado que tenemos suelos degradados que
no producen, fuentes de agua contaminadas con glifosato, que según la OMS tiene
compuestos con alto potencial cancerígenos, personas expuestas a la
contaminación, pobreza y el abandono de los jóvenes del campo por no encontrar oportunidades
de vida en la zona rural, ocasionando perdidas en las labores agrícolas y mayor
desalojo de las zonas rurales.
La seguridad alimentaria del país se basa en la importación de alimentos,
de Guatemala vienen nueve de cada diez frutas y verduras y el 40 % de
los granos básicos provienen del extranjero. El frijol, es el producto con
mayor incremento, su precio por libra pasó de $0.75 en junio de 2019 a $1.22 en
junio de 2025, un alza del 64 %.
Nicaragua se consolida como el principal proveedor de lácteos, de enero
a agosto, El Salvador le compró unos $108 millones en queso y requesón, lo que
representó el 68.4% del total de las importaciones de este producto durante ese
período. El Gobierno en esta línea ha instalado 56 agromercados y una central
de abasto, puntos donde la población puede adquirir productos alimenticios a
precios más bajos; su logística y abastecimiento representa al menos $50
millones de fondos públicos, lo cual lo hace insostenible en el tiempo. Esta
situación nos coloca en un estado muy vulnerable a la inseguridad alimentaria,
ya que con el incremento del cambio climático, los países de la región han
visto reducida su producción año tras año, por lo que llegará un momento en que
se reducirá o no habrá productos para la exportación, y se priorizará en su
población, lo que llevará a buscar mercados más lejanos y de mayor costo económico.
Otro problema es que se desconoce las prácticas de manejo de los
productos que se importan, generalmente estos son producidos con grandes
cantidades de agrotóxicos, incidiendo en enfermedades crónicas como la IRC
(Insuficiencia Renal Crónica), de acuerdo con el MINSAL, hasta el 2023 las
cifras son de 52,012 personas con esa enfermedad, 1609 con diálisis peritoneal
y 1773 con hemodiálisis, (59% hombres y 41% mujeres. El sistema de salud no
está preparado y no se controlan las causas que originan esta pandemia, ya que
diversos estudios la relacionan con el uso de agroquímicos en la agricultura.
Además, hay un incremento en enfermedades como diabetes, hipertensión, y obesidad,
que están estrechamente relacionadas con el tipo de alimentos que consume la
población.
En conclusión, tenemos un modelo de producción agrícola que provoca una
degradación sostenida de suelos y fuentes de agua debido al uso intensivo de
agroquímicos. Acompañada de incentivos económicos, marcos políticos favorables
a la agroindustria, orientación estatal hacia mercados internacionales,
facilitando y consolidando grandes plantaciones de monocultivos como la caña de
azúcar. Por tanto, es primordial que los pueblos ejerzan su derecho colectivo a
definir sus propias políticas y a sistemas de producción, distribución y
consumo de alimentos, con una economía que garantice a vivir una vida
digna. En ese marco MOVIAC propone:
Fortalecer las acciones en torno a la Soberanía
alimentaria como un aspecto determinante para cambiar el sistema
La soberanía alimentaria es un
camino hacia la transformación fundamental de nuestro sistema alimentario y de
nuestras sociedades y representa principios tales como: El derecho humano a la
alimentación y la justicia por sobre la privatización, el libre mercado, las
ganancias y el individualismo.
La soberanía alimentaria
significa defender los derechos de los pueblos, la tierra, los territorios, las
semillas y la biodiversidad, promover la agroecología y luchar contra el modelo del agronegocio y las
políticas neoliberales de comercio e inversiones. Se asienta en la producción y
distribución campesina, familiar, indígena, artesanal y cooperativa, tanto en
las ciudades como en las zonas rurales.
Reconoce y promueve el papel
central de las mujeres en la producción de alimentos y como sujetos políticos;
el derecho de las trabajadoras y productoras a pequeña escala a gozar de
condiciones de vida y trabajo dignas y a recibir remuneraciones justas. Las/os
campesinas/os, agricultoras/es familiares, Pueblos Indígenas, pueblos
pescadores y comunidades que habitan los bosques siguen siendo las principales
productoras de alimentos, y proporcionan entre el 70% y
80% de lo que el mundo consume, pero sus necesidades son
permanentemente ignoradas por las políticas públicas y los mercados.
Acabar
con el poder de las corporaciones del agronegocio
Décadas de control empresarial y promoción sin control de libre
mercado han dejado al sistema alimentario en crisis, a nivel mundial hay dos mil millones de personas
con hambre o malnutridas, a pesar de los niveles de producción sin precedentes;
un tercio de los alimentos que se producen se pierden o desechan; y más de un tercio de la
población adulta tiene sobrepeso u obesidad. La amplia mayoría de las
poblaciones rurales son empujadas a la pobreza extrema, son
discriminadas y se violan sus derechos humanos, y en particular sufren
desplazamientos, desalojos forzados y expropiaciones de tierras. La mayoría de las/os trabajadoras/es
asalariadas/os, independientes y familiares en el sector agrícola y rural son
informales, lo que afecta negativamente sus condiciones de trabajo, ingresos y
protección social, tal como ha quedado demostrado en la pandemia de la Covid-19. Estas
realidades ponen al descubierto los enormes desequilibrios de poder que existen
en el sistema alimentario.
El agronegocio acapara
tierras y territorios, destruye los suelos y los bosques, mata los peces,
contamina los ríos, océanos y el aire, envenena a las comunidades y
mercantiliza los bienes naturales y alimentos esenciales, a la vez que obtiene
miles de millones en ganancias. Los pueblos que oponen
resistencia sufren cada vez más amenazas y son criminalizados y algunos hasta asesinados.
Fortalecer
el movimiento por la soberanía alimentaria
Somos parte de un movimiento nacional e internacional fuerte y
cada vez más numeroso liderado por productoras/es familiares, indígenas y
artesana/os, y trabajadoras/es campesinas/os, productoras urbanas, etc. que creemos que es
posible alimentar al mundo, superar las crisis del hambre, del clima, y de la biodiversidad, y construir
sociedades basadas en la justicia y la solidaridad, mediante el uso de
prácticas agroecológicas para la soberanía alimentaria.
El Movimiento de
Victimas de Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC),
busca lo siguiente:
Cambiar el sistema
alimentario globalizado e industrializado liderado por las empresas, que socava
los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los pueblos y
sus medios de vida, al tiempo que daña el ambiente y agrava la crisis climática
y de biodiversidad. En su lugar, continuaremos construyendo la soberanía
alimentaria y la agroecología, reforzando el derecho a la alimentación a través
de sistemas alimentarios locales como demanda central.
Reafirmamos nuestro
compromiso colectivo con los seis pilares de la soberanía alimentaria: 1) Alimentos
para todas y todos, 2) Reconocimiento del rol clave de los/as proveedores/as de
alimentos; 3) Sistemas alimentarios locales; 4) Control local de los sistemas
alimentarios; 5) Desarrollo de conocimientos y habilidades; y 6) Trabajo en
armonía con la naturaleza. Estos pilares son compromisos vivos que nuestros
movimientos han promovido y seguirán profundizando a través de acciones concretas
y colectivas.
Fortalecer la
agroecología como una vía fundamental hacia la soberanía alimentaria,
entendiéndola no solo como una práctica y una ciencia, sino también y
especialmente como un movimiento social y una forma de vida, que teje la
identidad colectiva de los pueblos entre el campesinado, los pueblos indígenas,
comunidades de pesca artesanal, de pastoreo y los consumidores de todo el
mundo. A través de la agroecología, fomentaremos los intercambios y el
aprendizaje mutuo entre diversas experiencias y sistemas de conocimiento.
Trabajar en alianza con
otros movimientos y organizaciones para fortalecer la autonomía y expandir la
agroecología a todos los sistemas locales, en los que las comunidades y los
pueblos puedan producir alimentos culturalmente apropiados y conectarse con los
consumidores a través de mercados territoriales. De esta forma, promoveremos
economías sociales y solidarias que aumenten la autosuficiencia y la
resiliencia y fomenten vínculos más profundos entre lo urbano y lo rural
basados en la solidaridad, el cuidado mutuo y la cooperación.
El papel central y la
responsabilidad del Estado para la implementación de la agroecología es fundamental,
donde se incluyan políticas públicas que fortalezcan sistemas agroecológicos y
que brindan solución a las múltiples crisis y movilicen recursos para su
implementación a nivel nacional,
Financiación pública para
impulsar la producción agroecológica y la investigación dirigida por los
campesinos/as, en lugar de prácticas impulsadas por las empresas y etiquetadas
como «agricultura climáticamente inteligente».
Es necesario garantizar la pesca
sostenible a pequeña escala, los medios de vida de las comunidades pesqueras incluidas
las mujeres pescadoras, las recolectoras de mariscos, las recolectoras de
moluscos y las practicantes de la acuicultura tradicional, reconociéndolas como
esenciales para el logro de la soberanía alimentaria.
Finalmente, unimos fuerzas para transitar hacia sistemas
alimentarios justos, sostenibles y soberanos, donde pueblos, naturaleza y
comunidades prosperen en armonía y libres de la dominación corporativa.
¡Construyamos juntas y juntos esta
transformación!
San Salvador, 8 de mayo de 2026.
