MOVIAC presenta propuesta para la gestión del recurso hídrico en el país

El Salvador experimenta una crisis cada vez más grave del recurso hídrico, tenemos uno de los niveles más bajos de disponibilidad de agua potable por habitante en América Latina y cuerpos de agua bastante contaminados, a veces por negligencia manifiesta otras veces por proyectos de desarrollo mal orientados, que por beneficiar a un proyecto o actividad, dejan sin el vital líquido a sectores amplios de población. Últimamente el problema está volviéndose más grave por los impactos extremos cada vez más fuertes del cambio climático, que a veces se manifiestan con escasez de agua y otras veces con fuertes tormentas o huracanes.

 

Tomando en consideración lo expresado anteriormente, MOVIAC considera de urgente necesidad la elaboración de un marco jurídico que permita gestionar el recurso hídrico atendiendo a las necesidades de las personas, la realidad política, social y económica del país y el funcionamiento de la naturaleza. En tal sentido MOVIAC propone que la gestión del recurso hídrico este bajo la responsabilidad del Estado Salvadoreño, bajo la forma de un Viceministerio de Agua adscrito al MARN para tomar todas las decisiones que sean necesarias, con el acompañamiento de un Organismo Contralor para ejercer funciones de asesoría, supervisión y contraloría y así garantizar que el funcionamiento del viceministerio este acorde a los principios y condiciones previamente establecidas.

 

Algunas organizaciones proponen crear una instancia con autonomía presupuestaria, financiera, y administrativa; sin embargo, con esos niveles de autonomía, se puede llegar a situaciones donde la instancia no tenga la capacidad de realizar las acciones que sean necesarias o realizar acciones que no estén acordes a la política nacional, lo cual podría generar en el imaginario colectivo la conveniencia de privatizar el recurso.

 

Estructura del Viceministerio

 

Además de regulaciones y logística propias del funcionamiento de un organismo estatal, la gestión del viceministerio de agua debe apoyarse en 2 principios fundamentales: La sustentabilidad del ecosistema y la justicia social. El primer principio se apoya en el conocimiento que el agua no es creada por el ser humano, sino que es el producto de un ciclo hidrológico que tiene lugar en el ecosistema, por lo tanto, la disponibilidad de agua requiere el buen funcionamiento del ecosistema y el segundo principio parte de la consideración que el agua es un derecho humano.

Ambos principios se pueden hacer efectivos creando en el viceministerio departamentos o unidades que asuman las siguientes funciones, cada una de ellas apoyándose en otros ministerios, universidades, centros de investigación y organizaciones ambientalistas que puedan tener alguna experticia en los temas particulares.

 

Protección del ecosistema. El objetivo aquí es garantizar el buen funcionamiento del ecosistema con especial énfasis en el territorio de flujo de agua, incluyendo las zonas de captación, de recarga acuífera, de movimiento de fluido y de disposición final. Esto requerirá tareas de protección y rehabilitación.

 

Protección de la calidad y uso del agua. El objetivo aquí es proteger a los cuerpos de agua de la contaminación ocasionada por industrias, agroindustrias, asentamientos humanos, comercio, transporte o turismo y promover el uso eficiente del agua, facilitando el uso de tecnologías de riego, de consumo doméstico, comercial o industrial de agua, así como reducir las fugas en el sistema de transporte de agua.

 

Generación de conciencia y justicia. El objetivo aquí es generar conciencia que el bien hídrico es la base de todas las formas de vida que se conocen y entre otras cosas, se debe garantizar que el agua llegue a todas las personas en cantidad y calidad apta para el consumo humano, de hecho el agua que llega a todas las viviendas debería ser potable y por lo tanto debe protegerse de todas las amenazas como contaminación, desperdicio o privatización y ser utilizada con mesura y eficiencia, Esto exige una distribución justa entre los diferentes sectores que utilizan el agua en usos consuntivos o no consuntivos como el doméstico, industrial, agro-industrial, energético y entretenimiento.

 

Estructuras derivadas.

 

A nivel central se tiene una estructura que comprende al viceministro y los coordinadores de 3 unidades encargadas de asumir las funciones previamente descritas, esta misma estructura debe repetirse en todos los niveles, comenzando por la primera división del territorio salvadoreño en 3 grandes zonas, la zona central del ecosistema que ocasiona el Río Lempa y las 2 zonas laterales hacia el oriente y occidente hasta llegar a los límites del país.

 

En los niveles más específicos la división territorial debe tener un enfoque ecosistémico, identificando la zona donde existe el ecosistema que ocasiona la disponibilidad de agua y a partir de esa división se deben establecer las zonas donde se van a establecer las estructuras formadas por un coordinador general y los coordinadores de las 3 unidades que atienden las tareas antes descritas. En estos niveles se debe incluir en la estructura como actor fundamental, a los representantes de las juntas de agua existentes y a otros sectores ampliamente involucrados en la temática.

 

MOVIAC considera que con una buena gestión de agua habrá suficiente para todos los seres humanos, demás seres vivos que habitan el territorio y los ecosistemas.

 

 Comunidades indígenas aseguran estar en la zozobra de la inseguridad, la desigualdad y el olvido por el actual gobierno  

Ante los 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, como pueblos indígenas que habitamos las tierras ancestrales Náhuat, que hoy le llaman El Salvador, nos pronunciamos con mucha preocupación porque este gobierno no da muestras de seguimiento a las necesidades y demandas que como pueblos indígenas hemos hecho de forma reiterada a los anteriores gobiernos y al actual. En lo que si estamos claros es que nuestras comunidades siguen sometidas bajo la zozobra de la inseguridad, la desigualdad y el olvido. De igual forma, seguimos sufriendo los fallecimientos de nuestros abuelos y abuelas y población en general, por falta de una atención adecuada a su situación de salud, alimentación y extrema pobreza.

Se mantienen los altos índices de violencia delincuencial, feminicidios desaparecimientos, y la mortandad por la pandemia de COVID-19, todo esto por la falta de respeto a nuestras propias formas de vida y gobernanza de la tierra que nos fueron expropiadas desde tiempos de la invasión y colonización, que culminó con las diferentes matanzas como la de 1932.

Al escuchar el discurso del señor presidente el 1 de junio en la Asamblea Legislativa, menciona, entre otras cosas, que la oligarquía robo las tierras de los salvadoreños, le aclaramos que esas tierras no fueron robadas a ningún salvadoreño, el robo fue contra  los pueblos indígenas, además, ese discurso no cabe en su boca, ya que él es de la misma descendencia de foráneos acaudalados que han venido a enriquecerse con los bienes de nuestros territorios, como las familias a quienes él mismo critica, los: Burkard, Saca, Simán, Salaverría, Mata, Regalado, Dueñas, Guirolas, Hill Tinoco, y hoy, la familia Bukele, en su mayoría de origen palestino, así como otras descendencias oligarcas.

Pero le tomamos la palabra, y le pedimos que de verdad haga un acto de constricción y se declaren las políticas que permitan resarcir los daños históricos a nuestros pueblos; en primer lugar, devolviendo nuestras tierras expropiadas, reconociendo efectivamente, y no solo por decreto, nuestra existencia, impulsando las políticas adecuadas en salud, educación,  bienestar social, cultura indígena, trabajo digno, recreación con enfoque de respeto a nuestros conocimientos, filosofía y sistema social, jurídico, político, espiritual y de respeto a nuestra propias formas de gobernanzas ancestrales. Es decir, reconocer nuestros derechos sociales, económicos y culturales.

Como pueblos indígenas no nos sentimos representados por ningún partido político ni por ningún funcionario en turno de primer y segundo nivel, ni por los funcionarios que han sido nombrados en instancias como el Ministerio de Cultura, que supuestamente debe dar respuestas a nuestras demandas históricas; más bien, ellos pertenecen ahora a una elite intelectual, que han saqueado los conocimientos de nuestros territorios indígenas.  

Así mimo, es preocupante  la falta de espacios de diálogo con la sociedad en su conjunto y en particular con los pueblos indígenas, que nos permita tomar verdaderamente la palabra para construir la política pública para los pueblos y, más bien, el gobierno se ampara en el discurso que “el pueblo salvadoreño” le ha dado la potestad de hacer lo que quiera de forma arbitraria e inconsulta, porque obtuvo en las urnas una amplia mayoría de votos en las elecciones presidenciales y las ultimas elecciones de diputados al Congreso Nacional. Sabemos que estas decisiones dan como resultado imposiciones como la destitución del Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de igual forma, que haya ordenado desde el ejecutivo archivar una propuesta de Ley de Agua, que ya había sido discutida ampliamente desde hace varios años y el intento de  imponer de forma exprés de una nueva Ley de Agua, así como el haber impuesto la Ley de uso de la moneda Bitcoin, que como pueblos indígenas no tenemos ni la menor idea de sus implicaciones ante nuestras precarias economías.

Rechazamos la intención del órgano ejecutivo de reformar la Constitución de la República, que busca instaurar un sistema dictatorial, más bien si se habla de esta reforma debe ser desde las aspiraciones de los pueblos por establecer un Estado plurinacional y multicultural que reconozca los derechos de los pueblos originarios que históricamente hemos habitado en estas tierras ancestrales y que garantice un Estado de derecho que garantice la convivencia de la humanidad con armonía con la naturaleza.

Finalmente, como pueblos y comunidades indígenas que pertenecemos al Movimiento de Victimas Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones, MOVIAC, hacemos el llamado a la comunidad Internacional a mantenerse en alerta ante cualquier hecho de violencia y persecución contra nuestros pueblos, comunidades y organizaciones sociales e indígenas, que mantenemos una postura crítica ante el actuar del presente gobierno, a los pueblos indígenas, mestizos, afrodescendientes, a que busquemos maneras de organización y articulación  de acciones para defender nuestros derechos, los derechos de la madre tierra, y nuestros territorios y no caer en el juego ante la  campaña  de odio y violencia política permanente, y a recuperar nuestras autonomías territoriales ancestrales.

Dado en Siguatehuacan, Santa Ana, a los 20 días del mes de junio de 2021.

 

 

 

DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE NAYIB BUKELE

A dos años del gobierno del presidente Bukele, las comunidades, y organizaciones sociales unidas en el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, expresan su preocupación por el rumbo que ha tomado el país.

 

Una de las acciones nefastas de este gobierno fue la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero 2020, para presionar a los diputados para aprobar un préstamo de US$ 109 millones para su plan de seguridad, violando la separación de poderes y utilizando al ejército y la policía para fines contrarios a lo que establece la constitución. Las dotes de dictador también se pusieron de manifiesto en el abordaje de la pandemia por Covid19, violando los derechos humanos en numerosas ocasiones durante la cuarentena.

 

La pandemia también ha sido la excusa para incrementar por mucho, la deuda pública. En febrero de 2020 la deuda era de US$ 19,845.54 millones, significando el 71.8 % del Producto Interno Bruto, en el último año la deuda subió en más de 4,000 millones de dólares, sobrepasando el 92%, con respecto al PIB. Este nivel de endeudamiento llevará al país a una situación fiscal crítica y por tanto, la inversión en educación, salud, vivienda, agua potable y cualquier tipo de subsidio a los sectores más empobrecidos, será extremadamente limitada.

 

Otro problema es que organismos multilaterales acreedores de la deuda externa, condicionan el financiamiento a exigencias de política fiscal, se sabe que el FMI está exigiendo medidas como: aumentar los impuestos a los combustibles, aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas.

 

También, la disponibilidad de dinero abundante, asociado a escasos mecanismos de control, invita a la corrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Instaurada por el mismo Nayib Bukele, documentó y presentó a la Fiscalía 12 casos de presunta corrupción en diferentes carteras del Estado.

 

Por su parte el presidente, lejos de promover una investigación inmediata y rigurosa, maniobró para que con urgencia y sin mayor estudio la nueva Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, excusándose en argumentos sin sustento jurídico. Si bien, la ley establece que la Asamblea Legislativa está facultada para tomar este tipo de decisiones, debe seguir un procedimiento basado en causas específicas establecidas en la misma Constitución. El hecho que el presidente Bukele quiera blindar a sus funcionarios señalados por corrupción, no es una razón legal para destituir a los magistrados y al fiscal.

 

Este tipo de ilegalidades es posible gracias a que la Asamblea Legislativa está configurada con una mayoría de diputados alineados a los intereses del presidente, obtenida mediante elecciones ilegítimas y antidemocráticas, con desproporcionada campaña electoral, en la cual el partido Nuevas Ideas concentró más del 70% del gasto en publicidad, así como la utilización de abundantes recursos públicos para fines electorales.

 

Otra lamentable y condenable decisión de la Asamblea Legislativa fue el archivar todos los anteproyectos de ley que habían sido trabajados por la anterior legislatura, algunos con notables avances, como la propuesta de ley general de agua, impulsada especialmente desde el movimiento social. Por otra parte, durante estos dos años de gobierno de Nayib Bukele, no han existido planes concretos que marquen el rumbo a seguir en los grandes temas de país, como lo son la seguridad, la reactivación económica, salud, educación y otros.

 

En el tema de seguridad se escucha hablar del “exitoso” Plan de Control Territorial, pero se desconoce el contenido específico de dicho plan. Sucesos como el ocurrido en el municipio de Chalchuapa, en donde recientemente se descubrió una fosa que podría contener más de 40 cadáveres, ponen en serio cuestionamiento la política de seguridad del gobierno.

 

De igual forma, la política de medio ambiente es casi inexistente. Además de carecer de planes, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente se redujo y dicha institución está teniendo un rol irrelevante, a pesar de la destrucción de valiosos ecosistemas y de la crisis de agua potable, cada vez más aguda.

 

También es lamentable señalar el permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente para destruir centenares de manzanas de bosque en una zona conocida como Valle El Ángel, sin preocuparle el impacto en la disponibilidad de agua de comunidades vecinas. Por otra parte, aunque formalmente las decisiones de la Asamblea Legislativa son independientes por insistencia del presidente Bukele, esta envió al archivo el anteproyecto de ley de agua y otros anteproyectos que mejorarían la situación ambiental del país. Finalmente hemos visto con mucha preocupación, la decisión de emprender acciones agresivas contra organizaciones no gubernamentales que no son afines a sus planteamientos.

 

Por todas estas razones el MOVIAC concluye que han sido dos años de mal gobierno, que ha profundizado las crisis económica, social, ambiental y política y ha generado una crisis institucional que está acabando con el frágil ordenamiento democrático debilitando la tutela de los derechos humanos de la población; por tanto, hoy más que nunca, el movimiento social, la academia, la prensa independiente, la iglesia progresista y las comunidades organizadas debemos caminar para fortalecer un movimiento con poder popular que haga frente a las pretensiones del presidente y su grupo familiar y de allegados, de utilizar todos los medios posibles, para concentrar más poder.