MOVIAC

 Comunidades indígenas aseguran estar en la zozobra de la inseguridad, la desigualdad y el olvido por el actual gobierno  

Ante los 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, como pueblos indígenas que habitamos las tierras ancestrales Náhuat, que hoy le llaman El Salvador, nos pronunciamos con mucha preocupación porque este gobierno no da muestras de seguimiento a las necesidades y demandas que como pueblos indígenas hemos hecho de forma reiterada a los anteriores gobiernos y al actual. En lo que si estamos claros es que nuestras comunidades siguen sometidas bajo la zozobra de la inseguridad, la desigualdad y el olvido. De igual forma, seguimos sufriendo los fallecimientos de nuestros abuelos y abuelas y población en general, por falta de una atención adecuada a su situación de salud, alimentación y extrema pobreza.

Se mantienen los altos índices de violencia delincuencial, feminicidios desaparecimientos, y la mortandad por la pandemia de COVID-19, todo esto por la falta de respeto a nuestras propias formas de vida y gobernanza de la tierra que nos fueron expropiadas desde tiempos de la invasión y colonización, que culminó con las diferentes matanzas como la de 1932.

Al escuchar el discurso del señor presidente el 1 de junio en la Asamblea Legislativa, menciona, entre otras cosas, que la oligarquía robo las tierras de los salvadoreños, le aclaramos que esas tierras no fueron robadas a ningún salvadoreño, el robo fue contra  los pueblos indígenas, además, ese discurso no cabe en su boca, ya que él es de la misma descendencia de foráneos acaudalados que han venido a enriquecerse con los bienes de nuestros territorios, como las familias a quienes él mismo critica, los: Burkard, Saca, Simán, Salaverría, Mata, Regalado, Dueñas, Guirolas, Hill Tinoco, y hoy, la familia Bukele, en su mayoría de origen palestino, así como otras descendencias oligarcas.

Pero le tomamos la palabra, y le pedimos que de verdad haga un acto de constricción y se declaren las políticas que permitan resarcir los daños históricos a nuestros pueblos; en primer lugar, devolviendo nuestras tierras expropiadas, reconociendo efectivamente, y no solo por decreto, nuestra existencia, impulsando las políticas adecuadas en salud, educación,  bienestar social, cultura indígena, trabajo digno, recreación con enfoque de respeto a nuestros conocimientos, filosofía y sistema social, jurídico, político, espiritual y de respeto a nuestra propias formas de gobernanzas ancestrales. Es decir, reconocer nuestros derechos sociales, económicos y culturales.

Como pueblos indígenas no nos sentimos representados por ningún partido político ni por ningún funcionario en turno de primer y segundo nivel, ni por los funcionarios que han sido nombrados en instancias como el Ministerio de Cultura, que supuestamente debe dar respuestas a nuestras demandas históricas; más bien, ellos pertenecen ahora a una elite intelectual, que han saqueado los conocimientos de nuestros territorios indígenas.  

Así mimo, es preocupante  la falta de espacios de diálogo con la sociedad en su conjunto y en particular con los pueblos indígenas, que nos permita tomar verdaderamente la palabra para construir la política pública para los pueblos y, más bien, el gobierno se ampara en el discurso que “el pueblo salvadoreño” le ha dado la potestad de hacer lo que quiera de forma arbitraria e inconsulta, porque obtuvo en las urnas una amplia mayoría de votos en las elecciones presidenciales y las ultimas elecciones de diputados al Congreso Nacional. Sabemos que estas decisiones dan como resultado imposiciones como la destitución del Fiscal General y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de igual forma, que haya ordenado desde el ejecutivo archivar una propuesta de Ley de Agua, que ya había sido discutida ampliamente desde hace varios años y el intento de  imponer de forma exprés de una nueva Ley de Agua, así como el haber impuesto la Ley de uso de la moneda Bitcoin, que como pueblos indígenas no tenemos ni la menor idea de sus implicaciones ante nuestras precarias economías.

Rechazamos la intención del órgano ejecutivo de reformar la Constitución de la República, que busca instaurar un sistema dictatorial, más bien si se habla de esta reforma debe ser desde las aspiraciones de los pueblos por establecer un Estado plurinacional y multicultural que reconozca los derechos de los pueblos originarios que históricamente hemos habitado en estas tierras ancestrales y que garantice un Estado de derecho que garantice la convivencia de la humanidad con armonía con la naturaleza.

Finalmente, como pueblos y comunidades indígenas que pertenecemos al Movimiento de Victimas Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones, MOVIAC, hacemos el llamado a la comunidad Internacional a mantenerse en alerta ante cualquier hecho de violencia y persecución contra nuestros pueblos, comunidades y organizaciones sociales e indígenas, que mantenemos una postura crítica ante el actuar del presente gobierno, a los pueblos indígenas, mestizos, afrodescendientes, a que busquemos maneras de organización y articulación  de acciones para defender nuestros derechos, los derechos de la madre tierra, y nuestros territorios y no caer en el juego ante la  campaña  de odio y violencia política permanente, y a recuperar nuestras autonomías territoriales ancestrales.

Dado en Siguatehuacan, Santa Ana, a los 20 días del mes de junio de 2021.