MOVIAC

 

DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE NAYIB BUKELE

A dos años del gobierno del presidente Bukele, las comunidades, y organizaciones sociales unidas en el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, expresan su preocupación por el rumbo que ha tomado el país.

 

Una de las acciones nefastas de este gobierno fue la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero 2020, para presionar a los diputados para aprobar un préstamo de US$ 109 millones para su plan de seguridad, violando la separación de poderes y utilizando al ejército y la policía para fines contrarios a lo que establece la constitución. Las dotes de dictador también se pusieron de manifiesto en el abordaje de la pandemia por Covid19, violando los derechos humanos en numerosas ocasiones durante la cuarentena.

 

La pandemia también ha sido la excusa para incrementar por mucho, la deuda pública. En febrero de 2020 la deuda era de US$ 19,845.54 millones, significando el 71.8 % del Producto Interno Bruto, en el último año la deuda subió en más de 4,000 millones de dólares, sobrepasando el 92%, con respecto al PIB. Este nivel de endeudamiento llevará al país a una situación fiscal crítica y por tanto, la inversión en educación, salud, vivienda, agua potable y cualquier tipo de subsidio a los sectores más empobrecidos, será extremadamente limitada.

 

Otro problema es que organismos multilaterales acreedores de la deuda externa, condicionan el financiamiento a exigencias de política fiscal, se sabe que el FMI está exigiendo medidas como: aumentar los impuestos a los combustibles, aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA y reducir el pago de salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas.

 

También, la disponibilidad de dinero abundante, asociado a escasos mecanismos de control, invita a la corrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Instaurada por el mismo Nayib Bukele, documentó y presentó a la Fiscalía 12 casos de presunta corrupción en diferentes carteras del Estado.

 

Por su parte el presidente, lejos de promover una investigación inmediata y rigurosa, maniobró para que con urgencia y sin mayor estudio la nueva Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, excusándose en argumentos sin sustento jurídico. Si bien, la ley establece que la Asamblea Legislativa está facultada para tomar este tipo de decisiones, debe seguir un procedimiento basado en causas específicas establecidas en la misma Constitución. El hecho que el presidente Bukele quiera blindar a sus funcionarios señalados por corrupción, no es una razón legal para destituir a los magistrados y al fiscal.

 

Este tipo de ilegalidades es posible gracias a que la Asamblea Legislativa está configurada con una mayoría de diputados alineados a los intereses del presidente, obtenida mediante elecciones ilegítimas y antidemocráticas, con desproporcionada campaña electoral, en la cual el partido Nuevas Ideas concentró más del 70% del gasto en publicidad, así como la utilización de abundantes recursos públicos para fines electorales.

 

Otra lamentable y condenable decisión de la Asamblea Legislativa fue el archivar todos los anteproyectos de ley que habían sido trabajados por la anterior legislatura, algunos con notables avances, como la propuesta de ley general de agua, impulsada especialmente desde el movimiento social. Por otra parte, durante estos dos años de gobierno de Nayib Bukele, no han existido planes concretos que marquen el rumbo a seguir en los grandes temas de país, como lo son la seguridad, la reactivación económica, salud, educación y otros.

 

En el tema de seguridad se escucha hablar del “exitoso” Plan de Control Territorial, pero se desconoce el contenido específico de dicho plan. Sucesos como el ocurrido en el municipio de Chalchuapa, en donde recientemente se descubrió una fosa que podría contener más de 40 cadáveres, ponen en serio cuestionamiento la política de seguridad del gobierno.

 

De igual forma, la política de medio ambiente es casi inexistente. Además de carecer de planes, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente se redujo y dicha institución está teniendo un rol irrelevante, a pesar de la destrucción de valiosos ecosistemas y de la crisis de agua potable, cada vez más aguda.

 

También es lamentable señalar el permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente para destruir centenares de manzanas de bosque en una zona conocida como Valle El Ángel, sin preocuparle el impacto en la disponibilidad de agua de comunidades vecinas. Por otra parte, aunque formalmente las decisiones de la Asamblea Legislativa son independientes por insistencia del presidente Bukele, esta envió al archivo el anteproyecto de ley de agua y otros anteproyectos que mejorarían la situación ambiental del país. Finalmente hemos visto con mucha preocupación, la decisión de emprender acciones agresivas contra organizaciones no gubernamentales que no son afines a sus planteamientos.

 

Por todas estas razones el MOVIAC concluye que han sido dos años de mal gobierno, que ha profundizado las crisis económica, social, ambiental y política y ha generado una crisis institucional que está acabando con el frágil ordenamiento democrático debilitando la tutela de los derechos humanos de la población; por tanto, hoy más que nunca, el movimiento social, la academia, la prensa independiente, la iglesia progresista y las comunidades organizadas debemos caminar para fortalecer un movimiento con poder popular que haga frente a las pretensiones del presidente y su grupo familiar y de allegados, de utilizar todos los medios posibles, para concentrar más poder.