El Salvador en teoría es un país democrático, cada 5 años se elige a un nuevo presidente para formar el Gobierno Central y cada 3 años se eligen Diputados que conforman la Asamblea Legislativa y Alcaldes que forman los Gobiernos Municipales. Luego la Asamblea nombra otros funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República y otros, quienes a su vez siguen nombrando otros funcionarios de menor jerarquía y así configurando un esquema democrático. No obstante, lo que preocupa es que este proceso democrático solo ha quedado en teoría.
En febrero 2019 se celebró la elección de presidente, Nayib Bukele impulso una propaganda política basada en que los gobiernos anteriores, 20 años de ARENA y 10 años de FMLN, parecían ser de lo mismo, por el hecho que no habían resuelto los problemas sociales y económicos de la población y habían permitido y realizado casos importantes de corrupción. Esto le significó un apoyo mayoritario de la población y ganó las elecciones.
Las narrativas y discursos deshonestos de Bukele lograron convencer a la población que ambos partidos ARENA y FMLN eran lo mismo, por lo cual es necesario aclarar que hay diferencias sustanciales. ARENA siempre ha velado por los intereses de grupos de mayor poder económico, el FMLN siempre buscó mejorar las condiciones de vida de sectores empobrecidos, aunque a veces con temor de no ofender al poder económico.
El 3 de febrero 2019, día de la elección presidencial, el candidato Bukele mostrando un desprecio total por la ley salvadoreña que prohíbe cualquier propaganda política los 3 días anteriores a la elección, dio una conferencia de prensa pidiendo el voto. Una vez electo y en abierta actitud de prepotencia política, rechazó reunirse con el entonces gobierno del FMLN, para planificar el cambio de gobierno y recibir los recursos existentes.
El electo presidente comenzó a preparar su nuevo gobierno con miembros de ARENA, FMLN y otros que decidieron cambiarse de partido, muchos de ellos por haber sido expulsados por actos comprobados de corrupción, esto le garantizó un grupo de funcionarios con experiencia en malos manejos administrativos y por necesidad tenían que ser fieles a su gestión.
Después de asumir el cargo el 1 de junio 2019, el presidente Bukele comenzó a utilizar los recursos del Estado para hostigar a la Asamblea Legislativa existente donde no tenía a ningún miembro de su partido, el nivel de abuso llegó a su máxima expresión cuando el 9 de febrero 2020, en franca violación a las leyes de la república, entró con miembros del ejército a la Asamblea Legislativa a presionar la aprobación de un préstamo. Esta acción era suficiente para que la Asamblea Legislativa lo destituyera de su cargo presidencial, pero por oposición de ARENA que tenía mayoría legislativa, esto no se realizó, ya que ARENA esperaba mantener una nueva y buena relación con el actual presidente en el marco de un gobierno de nueva derecha.
A los pocos meses de gestión del presidente se comenzó a notar cierta reducción en el número de muertos ocasionados por las llamadas maras, lo cual se quiso evidenciar como el éxito de su plan de control territorial, pero algo no quedaba claro cuando se comenzó a descubrir una serie de fosas clandestinas a veces con decenas de muertos, lo cual parecía indicar la existencia de un trato para evitar la presencia de cadáveres en la vía pública y proceder a su entierro. En este contexto comenzó a incrementarse el número de personas desaparecidas que a la fecha todavía siguen en esa condición.
El trato del presidente Bukele con las maras quedo evidenciado cuando la prensa nacional publicó documentos, fotos y audios donde se observa claramente la presencia de sus funcionarios de confianza con líderes de las maras. Este acuerdo con las maras quedo todavía más evidenciado cuando en la siguiente campaña electoral para diputados, solo el partido del presidente podía entrar a los territorios controlados por las maras, los otros partidos no podían hacer nada de propaganda.
Además, el presidente no entregó la deuda política a los otros partidos, que es una suma de dinero que por ley el gobierno debe entregar a cada partido al inicio de la campaña; sin embargo, el presidente utilizó todos los fondos posibles del erario público para hacerle propaganda a los diputados de su partido.
Como resultado de esta campaña viciada, el 28 de febrero 2021 el partido del presidente logró la mayoría legislativa y comenzó a realizar una serie de acciones violando todas las leyes posibles. Destituyeron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General a los jueces mayores de 65 años y en su lugar pusieron abogados jóvenes, algunos de ellos acusados de graves delitos y así Bukele logró mantener el poder de todos los organismos del Estado. Posteriormente se han cerrado todas las oficinas que ejercían algún poder de contraloría del Estado y han declarado confidencial cualquier uso de recursos del gobierno, no hay acceso a información.
Se calcula que Bukele ha utilizado más de mil millones de dólares en contratar un gran número de publicistas en el país y en otros países para hacerse propaganda con medios tradicionales y redes sociales sobre supuestos beneficios de su gobierno y por otro lado cualquier persona o periodista que tenga una opinión crítica del gobierno es insultado y calumniado por decenas de personas que aparecen en redes sociales, muchos de ellos no cuentan con seguidores, lo cual muestra que son personas que con nombre ficticio han sido contratados solo para criticar a lo que el presidente considera oposición.
La prensa nacional ha hecho una valiosa labor de investigación, donde se ha comprobado la existencia de acuerdos con las maras, hay delincuentes que deberían haber tenido 40 años de cárcel y han sido liberados, hay miembros del gabinete del gobierno central y diputados de la Asamblea que han robado millones de dólares, han habido centenares de muertos ocurridos en las cárceles sin explicación alguna, después de haber sido capturados mediante el Estado de Excepción, que lleva 22 meses prorrogándose.
Según un informe de Human Rights Watch, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 han sido capturados 75,163 personas señaladas de ser pandilleros y colaboradores de las pandillas, incluidos más de 1,600 menores de edad, de las cuales unas 7,000 han sido liberadas por falta de pruebas o para continuar el proceso judicial bajo medidas alternas a la prisión.. La mayoría de las personas capturadas tienen la característica de ser jóvenes, de escasos recursos y vivir en zonas de alta peligrosidad.
A la fecha el gobierno ha liberado a más de 7 mil personas, pero otras han permanecido presos a pesar de contar con una sentencia absolutoria. Con estas capturas se redujo el impacto negativo de las maras en el pueblo y es lo que la gente recibe con agrado y a lo que obedece su alto grado de aceptación.
La impunidad en el abuso del poder se manifiesta a todos los niveles del quehacer gubernamental, uno de los más dramáticos es la cantidad de personas que han sido desplazadas de sus comunidades para hacer mega obras o los decomisos de bienes a vendedores para promover el turismo, sin brindar la debida compensación.
En síntesis, tenemos un gobierno que ha destruido la institucionalidad, El Salvador ha pasado de ser un país con una democracia incipiente a una dictadura, lo más evidente de esto es que el presidente está buscando su reelección cuando nuestra constitución lo prohíbe. El ejercicio del poder lo detenta Bukele y para mantenerlo tiene que permitir la corrupción y abuso de sus subalternos, tenemos los índices más altos de corrupción en la historia de la república y una propaganda que devora millones de dólares en mantener una imagen nacional e internacional totalmente alejada de la realidad.
En el país si bien prevalece un sentimiento de agrado generalizado, por no contar con la presencia fuerte de las maras, también hay otro sentimiento generalizado de miedo a decir o hacer algo que vaya en contra de lo establecido por el gobierno y se termine en la cárcel, sin derecho a abogado y sin saber si se va a salir algún día. Ante esto un buen porcentaje de la población ha decidido pagar el precio de permanecer callado y así quizás poder continuar sobreviviendo el día a día en el país, en situaciones cada vez más difíciles.
Con la intención de consolidar una dictadura, la Asamblea Legislativa realizó una serie de cambios en el sistema político electoral a partir de las próximas elecciones, buscando ejercer mayor control de los órganos del Estado y hacer desaparecer o al menos reducir al mínimo a los otros partidos políticos. Se adoptó un nuevo sistema de conteo de votos favorable a los partidos más grandes, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y el de municipios de 262 a 44, a fin de fortalecer la posición de funcionarios afines al presidente en territorios donde el partido oficial tiene mayor presencia,. Estos cambios se realizaron unos pocos meses antes de las elecciones, a pesar de que las leyes vigentes prohíben realizar este tipo de cambios en los 12 meses antes de las próximas elecciones.
Un par de días antes de la elección presidencial el ejército salió a la calle, en todas partes habían soldados, que si bien no agredían a la gente, su sola presencia inspiraba temor y prevalecía la incertidumbre de “ a lo mejor se dan cuenta por quién voto”, más aún muchas personas, sobre todo las que trabajan en oficinas de gobierno, recibían llamadas de alguien que les identificaba por su nombre y les decían: YA SABES POR QUIEN VOTAR.
En su camino a la democracia El Salvador ha retrocedido medio siglo.
