DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE
NAYIB BUKELE
A dos
años del gobierno del presidente Bukele, las comunidades, y organizaciones
sociales unidas en el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el
Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, expresan su preocupación por el
rumbo que ha tomado el país.
Una de las acciones nefastas de
este gobierno fue la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de
febrero 2020, para presionar a los diputados para aprobar un préstamo de US$ 109 millones para su plan de seguridad, violando la
separación de poderes y utilizando al ejército y la policía para fines
contrarios a lo que establece la constitución. Las
dotes de dictador también se pusieron de manifiesto en el abordaje de la
pandemia por Covid19, violando los derechos humanos en
numerosas ocasiones durante la cuarentena.
La
pandemia también ha sido la excusa para incrementar por mucho, la deuda
pública. En febrero de 2020 la deuda era de US$ 19,845.54
millones, significando el 71.8 % del Producto Interno Bruto, en el
último año la deuda subió en más de 4,000 millones de dólares, sobrepasando el
92%, con respecto al PIB. Este nivel de endeudamiento llevará al país a una
situación fiscal crítica y por tanto, la inversión en educación, salud,
vivienda, agua potable y cualquier tipo de subsidio a los sectores más
empobrecidos, será extremadamente limitada.
Otro
problema es que organismos multilaterales acreedores de la deuda externa, condicionan
el financiamiento a exigencias de política fiscal, se sabe que el FMI está
exigiendo medidas como: aumentar los impuestos a los
combustibles, aumentar el Impuesto al Valor Agregado, IVA y reducir el pago de
salarios en el sector público, por medio del congelamiento de plazas, suspender
nuevas contrataciones y prohibir las jubilaciones anticipadas.
También, la
disponibilidad de dinero abundante, asociado a escasos mecanismos de control,
invita a la corrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El
Salvador, CICIES. Instaurada por el mismo Nayib Bukele, documentó y presentó a
la Fiscalía 12 casos de presunta corrupción en diferentes carteras del Estado.
Por su parte el presidente, lejos
de promover una investigación inmediata y rigurosa, maniobró para que con urgencia y sin mayor estudio la nueva
Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional
y al fiscal general, excusándose en argumentos sin sustento jurídico. Si bien, la ley establece que la Asamblea
Legislativa está facultada para tomar este tipo de decisiones, debe seguir un
procedimiento basado en causas específicas establecidas en la misma Constitución.
El hecho que el presidente Bukele quiera blindar a sus funcionarios señalados
por corrupción, no es una razón legal para destituir a los magistrados y al
fiscal.
Este tipo de
ilegalidades es posible gracias a que la Asamblea Legislativa está configurada
con una mayoría de diputados alineados a los intereses del presidente, obtenida
mediante elecciones ilegítimas y antidemocráticas, con desproporcionada campaña
electoral, en la cual el partido Nuevas Ideas concentró más del 70% del gasto
en publicidad, así como la utilización de abundantes recursos públicos para
fines electorales.
Otra lamentable y condenable
decisión de la Asamblea Legislativa fue el archivar todos los anteproyectos de
ley que habían sido trabajados por la anterior legislatura, algunos con
notables avances, como la propuesta de ley general de agua, impulsada
especialmente desde el movimiento social. Por otra parte,
durante estos dos años de gobierno de Nayib Bukele, no han existido planes concretos que marquen el rumbo a seguir en los grandes temas de
país, como lo son la seguridad, la reactivación económica, salud, educación y
otros.
En el
tema de seguridad se escucha hablar del “exitoso” Plan de Control Territorial, pero
se desconoce el contenido específico de dicho plan. Sucesos como el ocurrido en
el municipio de Chalchuapa, en donde recientemente se descubrió una fosa que
podría contener más de 40 cadáveres, ponen en serio cuestionamiento la política
de seguridad del gobierno.
De
igual forma, la política de medio ambiente
es casi inexistente. Además de carecer de planes, el presupuesto del Ministerio
de Medio Ambiente se redujo y dicha institución está teniendo un rol
irrelevante, a pesar de la destrucción de valiosos ecosistemas y de la crisis
de agua potable, cada vez más aguda.
También
es lamentable señalar el permiso otorgado por el Ministerio del Ambiente para
destruir centenares de manzanas de bosque en una zona conocida como Valle El
Ángel, sin preocuparle el impacto en la disponibilidad de agua de comunidades
vecinas. Por otra parte, aunque formalmente las decisiones de la Asamblea
Legislativa son independientes por insistencia del presidente Bukele, esta envió
al archivo el anteproyecto de ley de agua y otros anteproyectos que mejorarían
la situación ambiental del país. Finalmente hemos visto con mucha preocupación,
la decisión de emprender acciones agresivas contra organizaciones no
gubernamentales que no son afines a sus planteamientos.
Por todas estas
razones el MOVIAC concluye que han sido dos años de mal gobierno, que ha
profundizado las crisis económica, social, ambiental y política y ha generado
una crisis institucional que está acabando con el frágil ordenamiento
democrático debilitando la tutela de los derechos humanos de la población; por
tanto, hoy más que nunca, el movimiento social, la academia, la prensa
independiente, la iglesia progresista y las comunidades organizadas debemos
caminar para fortalecer un movimiento con poder popular que haga frente a las
pretensiones del presidente y su grupo familiar y de allegados, de utilizar todos
los medios posibles, para concentrar más poder.
