Con la toma de posesión presidencial en 2024, por segunda vez y de manera inconstitucional, se han agudizado los problemas sociales, económicos y ambientales en El Salvador. La labor de defensoras y defensores sociales y ambientales está siendo criminalizada, y con el respaldo del aparato estatal, son objeto de acoso, persecución y, en muchos casos, con detenciones arbitrarias.
El caso más reciente es la captura y detención de Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, evidenciando una vez más la creciente regresión de las libertades democráticas y la continua vulneración a los derechos humanos en el país. Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro, comprometida con la justicia y los derechos humanos, que ha mantenido una firme postura en la protección y asistencia a víctimas de violaciones a esos derechos.
López, a través de su labor de investigación, ha denunciado múltiples casos de corrupción y el abuso de poder en diversas instituciones del Estado, igualmente, acompañó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica, que fue aprobada en diciembre del 2024. Es evidente que su trabajo ha generado incomodidad en el gobierno, y su detención es vista por muchos sectores como una forma de represalia política.
A esto se suma el arresto del abogado Alejandro Henríquez y de José Ángel Pérez, líder de la Cooperativa El Bosque y pastor de la Iglesia Elim, ocurrida la semana pasada; tras el intento de desalojo de unas 300 familias de dicha cooperativa en Santa Tecla, La Libertad. Las familias organizaron una concentración pacífica cerca de la residencia presidencial, en la que participaron mujeres, niños y personas adultas mayores, con el objetivo de solicitar la intervención del presidente para detener la medida. La reacción estatal fue la movilización de un contingente de la Policía Militar y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), quienes rodearon el lugar usando la fuerza y la violencia para dispersar a los y las manifestantes.
Ante esta situación, el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC) se pronuncia y se suma a las voces nacionales e internacionales que exigen la liberación de los defensores sociales capturados y el de la abogada Ruth López. Su familia desconoce hasta la fecha su paradero, lo que podría constituir una desaparición forzada de corta duración, según ha denunciado Cristosal en un comunicado.
MOVIAC también expresa su preocupación ante las medidas que el actual gobierno está dirigiendo contra movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, con el fin de silenciarlas. En este contexto, se enmarca el anuncio presidencial de presentar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que impondría un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones recibidas por las ONG.
Esta ley tiene como propósito entorpecer la labor de las organizaciones no gubernamentales, lo que podría resultar en la cancelación de programas y proyectos fundamentales, tales como asistencia técnica, becas para formación profesional de jóvenes, entre otros. Son actividades que el Estado no ejecuta, y cuya interrupción perjudicaría gravemente a miles de familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, se contempla un incremento en los mecanismos de vigilancia y control sobre la cooperación internacional. La normativa podría establecer que toda persona que trabaje para empresas, organizaciones o gobiernos extranjeros deba registrarse en un listado oficial, declarar sus ingresos y reportar el uso de fondos provenientes del exterior. Esta legislación afectaría directamente a unas 8,000 ONG en el país, siendo las comunidades beneficiarias de sus programas las más perjudicadas.
Frente a este panorama adverso, desde MOVIAC reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando al pueblo salvadoreño, promoviendo formas de organización y resistencia, y manteniendo viva la esperanza en la construcción de un futuro más justo y solidario.
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